El
26 de septiembre se ha convertido en una de las fechas más
significativas para el México de estos tres últimos años. En el
2014, en Iguala, Guerrero, fueron desaparecidos 43 estudiantes de la
Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, y asesinados Julio César
Mondragón Fontes, Daniel Solís Gallardo, y Julio César Ramírez
Nava, los tres estudiantes normalistas, así como David García
Evangelista, jugador de equipo de fútbol Los Avispones, Víctor
Manuel Lugo, chofer del autobús del equipo, y Blanca Montiel
Sánchez, quien fue alcanzada por las balas mientras viajaba en taxi.
A tres años de esa noche, las madres, los padres y familiares de
los desaparecidos, pese al dolor, o por éste, continúan demandando
la aparición de los normalistas.
La Organización de las Naciones Unidas ha considerado, a partir de
1992, que una desaparición forzada se produce cuando:
se arreste, detenga o traslade
contra su voluntad a las personas, o que estas resulten privadas de
su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de
cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares
que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o
indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan
a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que
están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección
de la ley
El
número de desapariciones en México ha sido brutal a partir del
sexenio de Felipe Calderón y continúa en aumento durante el actual.
El número es impreciso porque existen diversas metodologías entre
organismos gubernamentales e instancias independientes, pese a eso,
el número es alarmante. El Registro Nacional de Datos Personas
Extraviadas o Desaparecidas informa que hay, entre el 2006 y el 2016
poco más de 29 000 personas desaparecidas.
Ante las desapariciones y el aterrador número de asesinatos, a un
año de finalizar el sexenio de Calderón , en el 2011, surgió el
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. El movimiento mostró
a la sociedad y al poder que miles de asesinados y desaparecidos
tienen nombres, y cada nombre, una historia y también familiares con
dolor y rabia; demostró que los desaparecidos no son los criminales,
sino las víctimas, pues no olvidemos que ante asesinatos y
desapariciones, las instancias gubernamentales justifican estos
crímenes, aludiendo que los afectados tenían vínculos con alguna
organización criminal.
Ya durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con la desaparición de
los 43 normalistas de Ayotzinapa en el 2014, el Estado mexicano
descaradamente demostró su participación en esta clase de crímenes,
así como su asociación con la delincuencia organizada para
ejecutarlos. La participación de José Luis Abarca, presidente
municipal de Iguala, y su esposa María de los Ángeles Pineda, en la
desaparición, no sólo de los 43 normalistas, sino también en la
desaparición y asesinato de integrantes de la Unidad Popular de
Iguala, nos muestra los instrumentos de represión brutal y de
contrainsurgencia que se realiza, no sólo en Guerrero, sino en otras
partes del país, como Michaocán – por ejemplo en Santa María
Ostula – en que los narcotraficantes actúan como grupos
paramilitares contra movimientos sociales y disidentes. Bastante
sabido es el vínculo de José Luis Abarca y María de los Ángeles
Pineda con la banda delictiva Guerreros Unidos y muy sabido que ésta
fue instrumento de los asesinatos de los integrantes de la Unidad
Popular de Iguala y de la desaparición de los 43 normalistas.
Con el caso de los 43 normalistas, quedó claro que no sólo las
instancias municipales y del crimen organizado ejecutan estos
crímenes, también participan las instancias federales. La presencia
del Ejército Mexicano es una constante en los testimonios de la
noche del 26 de septiembre y que éste, pese a su presencia, no actúo
para evitar los asesinatos ni las desapariciones. Si recordamos
algunos manuales de contrainsurgencia, el ejército o las policías
sólo sirven de contención ante una represión paramilitar, para
evitar, primero, el apoyo a los agredidos, y, segundo, proteger a las
bandas paramilitares que actúan en el operativo. Por otro lado,
también comienza a aparecer información en la que la Policía
Federal y el Ejército Mexicano son señalados como los ejecutores
de las desapariciones, tarea que está documentada, ya realizaban
impunemente en los años 70 del siglo XX durante la llamada “Guerra
Sucia”.
La complicidad federal no quedó ahí. Como un acto para mantener la
impunidad de otros responsables, el entonces Procurador de la
República José Murillo Karam presentó la llamada “Verdad
Histórica”, ya conocida por sus contradicciones, inconsistencias y
errores, y desmentida científicamente por diversos peritos y
estudiosos. Si las desapariciones son crímenes que persisten, se
debe, en parte, a la impunidad, y en el caso de los 43, observamos
como la misma Procuraduría General de la República es uno de los
instrumentos para que ésta prevalezca.
La ONU insta a los Estados que la integran a que combatan estos
crímenes. Sin embargo, en México, sabemos que crímenes, como las
desapariciones, son política de Estado (desde hace ya muchos años,
prácticamente desde el nacimiento del actual Estado mexicano en el
siglo pasado) y que son utilizados para diversos fines políticos y
sociales, de ahí que sus instancias gubernamentales, no harán gran
cosa. Se culpa de estos crímenes a la delincuencia organizada, sin
embargo, también ya está más que documentada la complicidad de
diversas instancias gubernamentales con la nueva burguesía de la
industria del narcotráfico, incluso, comparten intereses económicos.
De ahí que los sicarios del crimen organizado son también
instrumentos de contrainsurgencia y de represión contra disidentes y
movimientos sociales.
La búsqueda de miles de desaparecidas y de desaparecidos es una
lucha contra la impunidad y, como vemos, una lucha contra el poder,
en que los familiares, en no pocas ocasiones, son tratados con
desprecio, ignorados, amenazados, incluso, asesinados. La verdad y la
justicia es peligrosa cuando atenta al poder económico y político.
La lucha de las madres y de los padres de los 43 normalistas es una
lucha que nos muestra que, frente al poderío estatal, la dignidad no
se doblega. En sus palabras, en sus lágrimas en sus rostros nos
vemos muchas y muchos , porque el dolor por los 43 es un dolor que
habita en miles de familias de México, porque luchar por la verdad,
pese a las vicisitudes, nos ayuda a liberarnos. Mientras, continuemos
preguntándonos: ¿Dónde están nuestras desaparecidas? ¿Dónde
están nuestros desaparecidos? ¿Dónde están nuestros 43
normalistas?
Alejandro Martínez Lira
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